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Orden podría poner en Riesgo de Deportación a algunos “Dreamers”

Latinos se manifiestan ante el Capitolio de Washington, D.C., para exigir reforma migratoria. (coast-to-coast/iStockphoto)
Latinos se manifiestan ante el Capitolio de Washington, D.C., para exigir reforma migratoria. (coast-to-coast/iStockphoto)
July 6, 2016

BROWNSVILLE, Texas – Miles de inmigrantes indocumentados están preocupados de que la información que dieron al inscribirse en el Programa “Dreamers” (Soñadores) del Presidente Obama, ahora pueda llevarlos a la deportación. La decisión de la Suprema Corte del mes pasado tira golpes bajos a algunas partes de la acción ejecutiva del Presidente. Eso significa que la orden que emitió el juez federal basado en Texas, para entregar nombres y domicilios de 50 mil inmigrantes, sigue siendo una amenaza, aunque que podría ser detenida hasta la audiencia del 22 de agosto.

Thomas Sáenz, de MALDEF, dice que la orden sólo afecta a una parte de los millones que se registraron para la Acción Diferida para el programa de la Llegadas en la Infancia, conocido como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

“Una de las cosas que anunció el presidente en noviembre del 2014 fue que, en vez de plazos de dos años para la acción diferida del DACA, habría plazos de tres años. O sea que se refiere a quienes recibieron concesiones de tres años.”

El Juez de Distrito de la Corte de los Estados Unidos Andrew Hanen, de Brownsville, ordenó entregar los datos como una de varias sanciones contra los abogados del Departamento de Justicia de los EE.UU., en una demanda encabezada por Texas contra el programa de Obama. Los defensores de los derechos del inmigrante dicen que la decisión que tomó la Suprema Corte el pasado 23 de junio incrementó el riesgo de deportación para todos los que están en la lista.

Sáenz dice que los inmigrantes que se registraron para el DACA tuvieron expectativas razonables de que sus nombres y domicilios se mantuvieran confidenciales. Añade que la demanda del juez tiene muy poco qué ver con el caso que está ante la corte.

“Tiene la intención de ser un castigo por lo que el Juez Hanen creyó que era una mala conducta de los abogados del gobierno federal. Así que la pregunta es si es una sanción apropiada para los abogados, y claramente no lo es.”

Sáenz dice que forzar a los abogados del Departamento de Justicia a que entreguen la información es inconstitucional. Agrega que si la orden es retenida, MALDEF planea apelar inmediatamente, para bloquear cualquier daño potencial para los inmigrantes que aparecen en la lista.

Mark Richardson/Alfonso López-Collada, Public News Service - TX