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The urban-rural death divide is widening for working-age Americans, many home internet connections established for rural students during COVID have been broken, and a new federal rule aims to put the "public" back in public lands.

Reporte: Políticas de Inmigración probablemente influenciadas por motivos de ganancias

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Thursday, July 26, 2012   

AUSTIN, Texas – En años recientes ha incrementado la aplicación de leyes migratorias, y el gobierno federal ha recurrido a instituciones privadas para la detención de inmigrantes indocumentados mientras esperan su fecha de audiencia ante la corte. Por esta razón el sector privado de instituciones de detención no fue afectado por la recesión económica. Un nuevo estudio de la organización Sentencing Project dice que en los últimos diez años el número promedio de inmigrantes detenidos en instituciones públicas incrementó 26%, mientas que el número de inmigrantes detenidos en instituciones privadas incrementó 188%.

Estados que sufren de déficit en su presupuesto, como Texas, han tenido que recortar el número de personas en detención en instituciones pública. Pero agencias federales han ayudado a “tapar el hueco” de estos recortes al incrementar su dependencia en instituciones de detención privadas para inmigrantes esperando su audiencia ante la corte. Cody Mason, autor del reporte y parte de la organización The Sentencing Project comenta.

“Una gran cantidad del incremento en el numero de detenciones es debido a los inmigrantes detenidos. Existe una red extensa de instituciones privadas de detención, no son reguladas apropiadamente, y es difícil saber en que institución o bajo que compañía es en la que se encuentran detenidos los inmigrantes.”

Añade que la mayoría de los centros de detención son compañías privadas. Uno de ellos se inauguró este año en la Ciudad de Karnes. Es un ejemplo del incremento en esfuerzos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por mantener a menos inmigrantes detenidos en el sistema de prisión del país.

Aunque Mason reconoce que los “centros de detención civiles” son un poco mejor que las prisiones públicas, dice que las prisiones no protegen de manera adecuada los derechos humanos de los inmigrantes que no han sido sentenciados por algún crimen. Pero dice que no existe razón por la cuál esta red de instituciones privadas solo tengan la meta de obtener ganancias.

“Su interés principal es el que se detengan a más individuos – y en verdad no parece estar dando beneficios positivos a las personas que son detenidas, a los contribuyentes, ni a los gobiernos.”

Personas que abogan por apoyo a la privatización dicen que los contratos flexibles ayudan a reducir costos para los contribuyentes. Pero oponentes argumentan que los ahorros son mínimos y provienen de condiciones de trabajo deplorables y salarios injustos a los empleados.

Aquellos que abogan por la comunidad fronteriza temen otro efecto secundario de la privatización: corporaciones cabildeando políticas de inmigración que ayudan a incrementar sus ganancias. Dotty Griffith de la ACLU de Texas dice que este cabildeo podrá influenciar los verdaderos esfuerzos por una reforma migratoria integral.

“Discusiones sobre como la detención de inmigrantes indocumentados debería ser sobre las leyes y no sobre como incrementar ganancias para las instituciones privadas que ganan al mantener a personas bajo detención.”

Se preocupa que el interés público está cambiando de encarcelar a las personas culpables a encarcelar el número adecuado de personas para obtener ganancias. Mason concluye que más transparencia en esfuerzos de cabildeo y financiación de campañas electorales es necesario para revelar la influencia que estas corporaciones tienen en las políticas de detención e inmigración.

El reporte completo: www.sentencingproject.org.


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